INFORMACIÓN; DATOS ABIERTOS y CIUDADANÍA

viernes, 22 de junio de 2012

La Mala Defensa de la Cancillería y la defensa de la Ley de Transparencia


Este post es una nueva colaboración entre @yonovotexel y @info2cabezas y nace de la necesidad de defender el sistema de Acceso a la Información Pública por el cual Chile ha luchado en los últimos años. 






La Mala Defensa de la Cancillería  y la defensa de la Ley de Transparencia

El Mercurio del 21 de junio de 2012 apeló al nacionalismo más básico para titular contra un reciente fallo del Consejo para la Transparencia, el que acogiendo un amparo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, dictaminó que ese servicio debía entregar lo solicitado: “Los nombres, apellidos y detalle de los honorarios cobrados por los abogados que representaron a Chile en la demanda marítima que efectuara Perú ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, desde enero de 2010 a octubre de 2011”.

Reportaje The Clinic
Ciertamente planteado como señala la nota de El Mercurio suena terrible, pero puesto en contexto no es nada serio, y se puede entender que hay otras intenciones tras la Portada y la Nota, lamentablemente el The Clinic compró fácil y colgándose de la noticia tituló refiriéndose a la nacionalidad de la solicitud e incluso levantando apuradas conclusiones teniendo en base la cuenta Twitter de la requirente, como si eso fuera relevante. ¿Acaso la solicitud no la podría haber hecho cualquier ciudadano y publicarlo?. La Ley de Transparencia establece en su art.11 el principio de no-discriminación, cualquiera puede solicitar información, incluso un niño de 10 años.

Habitualmente este tipo de acciones amparadas en nacionalismos trasnochados deben ser tomadas con cuidado, sobre todo cuando vemos a diputados como Moreira dando declaraciones contra el Consejo para la Transparencia que solo demuestran su total ignorancia en el tema (ver link).

Recordemos que, en la Corte, los escritos de lado y lado ya han sido presentados y se espera que el fallo se conozca el Segundo Semestre de este año. ¿Entonces de qué forma conocer estos datos afectan la seguridad nacional?. Los nombres de los abogados y los honorarios que cobran son conocidos en los ambientes especializados. En este post le mostraremos que la propia prensa nacional ha dado a conocer esos nombres.

En Chile al parecer tenemos más derechos como consumidores, que como ciudadanas y ciudadanos. Uno de esos pocos derechos ciudadanos es el de Acceso a la Información Pública, ejercicio incipiente cuyos medios “Consejo para la Transparencia” y “Ley de Transparencia”, tenemos el deber de cuidar.


1.- Falta de argumentos de la Cancillería en el caso

A continuación demostraremos que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), o Cancillería, no se tomó muy en serio la solicitud de información, y por lo tanto su defensa en el CPLT fue pobre (ojalá en La Haya sea de mejor calidad, cruzamos los dedos).

Las causales esgrimidas por MINREL para denegar información, son conceptos jurídicos indeterminados que dejan espacios a la arbitrariedad y el humor del Ministro, en tanto se refiere a los antecedentes necesarios para defensas jurídicas y judiciales o se refieran a relaciones internacionales; en lugar de responder a una cuestión concreta de actualidad y oportunidad.  Cuando MINREL denegó la información inicialmente debió realizar un ejercicio fundado razonadamente sobre la negativa y haber efectuado la respectiva prueba de daño sobre la divulgación de antecedentes, explicitando como la publicación de dicha información afectaría los intereses asociados, de manera que se reserve temporalmente la información en beneficio de intereses superiores.

Sin embargo, revisada la argumentación de MINREL no se observa la forma que la información requerida pueda poner en riesgo la soberanía de un país o pueda relevar la estrategia judicial que se siga.

El Consejo para la Transparencia es muy claro al respecto, si un servicio público decide apelar a que la divulgación de información afecta la defensa nacional deberá, de acuerdo a criterio sostenido por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09C293-09 y C380-09, interpretarse de manera estricta y responsable, lo que significa que la simple circunstancia de que MINREL tenga un juicio pendiente no transforma a todos los documentos relacionados con él en secretos, toda vez que para que ello ocurra, debe haber una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia.

MINREL señaló que la razón para no entregar la información es que esta afecta la funciones del órgano, pero EN NINGUN MOMENTO acreditó de qué manera lo hacía. (tampoco lo ha hecho el Ministro, ni el Sr. Moreira, ni ninguna de las autoridades que han declarado en los medios)

“Para estimar que concurre la causal invocada  por  el  MINREL debía acreditarse que la publicidad de la información solicitada afectaba el debido funcionamiento de tal órgano lo que en el caso que nos ocupa no ocurrió. Atendido lo antes razonado, cabe rechazar la aplicación, en el caso que se analiza, de la causal de reserva invocada.” Fallo CPLT C1553-11

CPLT ha estimado que dada la información que ha sido requerida ésta no puede referirse a documentos que estén destinados a respaldar la posición del  MINREL y del país en dicha controversia jurídica, pero entiende  que lo solicitado constituye información de contexto a dicho litigio (y no revela la estrategia judicial como quiere hacer ver el diputado Iván Moreira).

Resultan tan débiles los argumentos expuestos por el Ministro y considerando que lo requerido versa sobre la nómina de abogados contratados por Chile, además de sus honorarios, en el periodo comprendido entre  enero de 2010 a octubre de 2011, que,  no habiéndose acompañado antecedentes suficientes que permitan arribar a una conclusión diversa, el CPLT no advierte que la publicidad de dicha información, por sí sola, traiga consigo un perjuicio o daño al interés nacional o a la estrategia de defensa futura de los derechos que le asisten a Chile en el diferendo marítimo, ni que la debiliten o la hagan vulnerable, atendido, además, que se refiere a antecedentes concernientes a una fase del litigio que ya se encuentra cerrada.

La misma lógica cabe respecto a las remuneraciones donde no se observa el modo en que la publicidad de lo solicitado pueda poner al país en una situación de vulnerabilidad en el citado litigio, que suponga afectar su posición actual ante dicha Corte y menos aún afectar la defensa que puede hacer frente a la misma, toda vez que lo sometido al conocimiento y resolución de dicha Corte no dice relación alguna con la materia objeto del presente amparo.

2.- La Cancillería ha hecho público los nombres de los abogados en la prensa.


Es divertido ver el titular del Mercurio, cuando precisamente ese diario ha hecho públicos los nombres de los defensores de Chile en La Haya. Por ejemplo el 23 de marzo de 2012 señalaba (ver link):

Agentes: El agente que representa a Chile ante La Haya es Alberto van Klaveren. En el caso de Perú el agente es Allan Wagner.

Abogados: Entre los abogados internacionales que representarán a cada país en el juicio, destacan el australiano James Crawford y el francés Alain Pellet; el primero defiende a Chile y el segundo a Perú.

En tanto el 29 de marzo de 2012 también informaba que esos abogados trabajan en casos de otros países (ver link). ¿Alguien puede creer que sus honorarios no sean conocidos en medios especializados?. Es que por ejemplo, el mismo El Mercurio informaba el 1 de abril de 2012 que el abogado Crawford había ganado tremendo premio internacional (ver link). Son abogados y estudios de abogados que se dedican a estos temas, por lo tanto sus honorarios deben ser conocidos por otros países que litiguen en la Corte de La Haya.

Pero eso no es nuevo, ya el 4 de junio de 2009 El Mercurio informaba el nombre de otros abogados del equipo defensor (ver link): “Junto a otros asesores jurídicos iniciaron sus reuniones con los abogados internacionales Pierre-Marie Dupuy, James Crawford, David Colson, y Jan Paulsson”. Vaya secreto, ¿no?

Incluso el 29 de diciembre de 2008 el diario de Agustín informaba (ver link):

“Todo esto llama a reflexión. Los equipos de ambas partes están configurados. Chile designó como su agente principal al subsecretario Alberto van Klaveren, y como coagentes a la embajadora María Teresa Infante, directora de Fronteras, y al embajador en Holanda, Juan Martabit, con residencia en La Haya. Como abogados están actuando los franceses Prosper Weil y Pierre-Marie Dupuy; los anglosajones Christopher Greenwood y James Crawford; el estadounidense David Colson; el sueco Jan Paulson y su equipo jurídico Freshfields.”

Pero no solo El Mercurio se ha dedicado a dar los nombres de los juristas de la defensa de Chile en la Corte de La Haya, el diario de Saieh, La Tercera, también ha hecho lo propio:

-   El 20 de abril de 2010 informaba que el abogado Luigi Condorelli se integraría al equipo (ver link).

-       El 1 de octubre de 2010 informaba (ver link):

Los dos juristas se enfrentaron a uno de los grandes expertos en leyes internacionales: el director de la Facultad de Leyes de Cambridge, James Crawford, quien alegó en representación de Bangladesh. El abogado británico también es parte del equipo jurídico internacional de Chile.

El resto del equipo de abogados extranjeros contratados por Chile lo conforman el italiano Luigi Condorelli, Jean Paulsson, Prosper Weil, David Colson, Pierre-Marie Dupuy, Georgios Petrochilos y Dick Gent. Aunque el gobierno chileno conformó hace varios años un equipo de seguimiento de los juicios que se llevan en La Haya, hasta ahora, Van Klaveren no había tenido ocasión de ver en acción a los profesionales que alegarán a favor y en contra de Chile

Pero no solo la prensa nacional ha dado a conocer esos nombres, también lo ha hecho la prensa Peruana (ver link), la que además ha informado sobre el equipo de su propia defensa:

El canciller Rafael Roncagliolo participa desde ayer en reuniones de coordinación con los juristas peruanos e internacionales en la Ciudad Luz, que concluyen este domingo.

Encabeza el equipo el agente peruano ante La Haya, embajador Allan Wagner, y lo integra el ex canciller José Antonio García Belaunde, como coagente. Los juristas internacionales son Alain Pellet, Vaughan Lowe, Sir Michael Wood y Rodman Bundy.

Nos encontramos también con blogs peruanos que siguen el caso y reproducen todas las notas de prensa señaladas y muchas más (ver link).

Pero no solo eso, sino que la propia Cancillería chilena en su sitio web consigna estos datos, que de secreto al parecer no tienen nada, pues incluso pone fotos de todas las reuniones a las que asiste el Ministro Alfredo Moreno (ver link 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por citar solo algunos).


3.- Debilitamiento de la Ley de Transparencia

Visto lo anterior, y entendido que los fallos del Consejo para la Transparencia son apelables ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, y que existe la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, la crítica de El Mercurio es evidentemente un esfuerzo por llamar al nacionalismo más básico. El diputado Iván Moreira se sumó a las críticas y pese a ser parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, una vez más se despachó declaraciones de una ignorancia supina (ver link):

“El Consejo para la Transparencia se está convirtiendo en una suerte de poder paralelo a la justicia”

Agregando:

“¿Cómo en estas materias tan delicadas, de estrategia de la defensa nacional, el Consejo pretende hacer pública una información de esa naturaleza?”


Lo que creemos…

Dejamos abierto el debate para que levanten sus propias conclusiones, lo que sí es cierto es que así como nuestras autoridades debiesen informarse y hacerse responsables de declaraciones desafortunadas en los medios, entendemos también que existe un deber cívico de que nosotros, los ciudadanos, utilicemos las herramientas que se han puesto a disposición para exigir rendición de cuentas, solicitar fundamentación, fiscalizar decisiones y sobre todo INFORMARNOS de lo que pasa a nuestro alrededor, solo así generamos sociedad mediante la construcción, y no la destrucción, de una cultura de la transparencia y el acceso a la información donde todos somos beneficiados.


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